ESTAR INFORMADO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL, SENTENCIAN TRIBUNALES!

Recientes decisiones judiciales en Paraguay y la República Dominicana reconocen el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental, lo que se espera tendrá un profundo efecto en otros países en la región, dice ARTICLE 19.

El 2 de mayo, un tribunal de apelaciones en Asunción, Paraguay ordenó a la municipalidad de Lambaré proporcionar una copia de su presupuesto para el año 2007 a un ciudadano, Picco Portillo. La ciudad negó inicialmente la petición de información y adujo que primero tenía que pasar por todos los canales administrativos.

Pero el tribunal de apelaciones dictaminó que la negativa era "injustificada" y una violación de la Constitución nacional. El derecho a acceder a información "está justificado por el derecho más genérico de formar opiniones libremente y participar en los asuntos públicos de manera responsable", lo que es esencial para la democracia, dijo el tribunal.

Aunque Paraguay aún no ha aprobado una ley de acceso a la información, la Constitución  protege el derecho a la información, dice ARTICLE 19.

Ésta es la primera vez que un tribunal de apelaciones en Paraguay oye un caso sobre el derecho a acceder a información. También es un hito local para hacer valer los derechos constitucionales.

"La decisión en el caso de Picco - que recibió mucha publicidad en Paraguay - ayuda a formar cierta esperanza de que el poder judicial reconozca adecuadamente el derecho fundamental de acceso a la información", dice el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), que representó a Portillo en la demanda y ha encabezado la campaña para una ley de acceso a la información en los dos años anteriores. "En Paraguay, esto es una mejora real.

Después de esta decisión reciente, muchas personas se aproximaron y presentaron solicitudes de acceso a información pública".

IDEA espera que se apruebe una ley de acceso a la información en los próximos meses.

En otra decisión reciente, la Suprema Corte de la República Dominicana ordenó a las autoridades proporcionar documentos relacionados con la construcción del metro de Santo Domingo al periodista Luis Eduardo Lora.

En su programa de televisión, Lora había entrevistado a un ingeniero que dijo que las autoridades del transporte no habían realizado estudios geológicos adecuados para la construcción del metro. Los funcionarios gubernamentales declararon que los estudios se habían hecho, pero se negaron a darlos a conocer, citando razones de seguridad nacional.

Una decisión judicial ordenó a las autoridades del transporte entregar los estudios al periodista, pero el Gobierno apeló la decisión. El 21 de mayo, la Suprema Corte confirmó la decisión anterior y dijo que la información era de interés público - si el proyecto era factible y seguro, por ejemplo - y no dañaría la seguridad nacional.

Las decisiones "se deberían usar para inspirar a otros en América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe para garantizar que la gente en todo el continente tenga acceso a la información en poder del Gobierno", dice ARTICLE 19. (IFEX)

 

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