APRUEBAN FEDERALIZAR DELITOS CONTRA PERIODISTAS

 Luego de meses de calentarla en comisiones, finalmente la iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobada en San Lázaro (ciudad de México).

Esta reforma constitucional contempla que los delitos contra periodistas serán indagados por las instancias federales.

A continuación el texto de la agencia Notimex >>> 

México, DF. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Artículo 73 constitucional enviada por el Ejecutivo, la cual establece que los delitos contra periodistas serán del orden federal.
De esta manera, los delitos cometidos contra el ejercicio de la libertad de expresión podrán ser investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales.
El documento señala que "en los últimos años gran parte de las agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión las constituyen delitos que son de la competencia de la autoridad local".
Por ello se considera conveniente que cuando esos delitos trasciendan al ámbito de las entidades federativas o tengan efecto a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales.
El dictamen que con proyecto de decreto reforma la fracción 21 del Artículo 73 de la Carta Magna determina la facultad de atracción de las autoridades federales por delitos contra la libertad de expresión.
Es decir, se busca generar un mecanismo de excepción por el cual se faculte a las autoridades federales conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, seguridad nacional, derechos y libertad de expresión, para evitar la impunidad en actos ilícitos de este tipo.
"El Congreso tiene facultad para legislar en materia de delincuencia organizada. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales", subraya.
Asimismo, cuando por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión éstos trasciendan al ámbito de las entidades federativas, concluye el dictamen.