MÉXICO, CAMPEÓN MUNDIAL EN CRÍMENES DE PERIODISTAS; VERACRUZ, CAMPEÓN NACIONAL
EL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2007 en la mañana, ante la puerta del domicilio particular del director de Diario TRIBUNA aparecieron cinco balas de alto calibre, de las que usan en armas como la que está resaltada en la gráfica. Horas después un apantallante operativo de las corporaciones del estado puso los pelos de punta al vecindario y en una bolsita de plástico se llevaron los cinco proyectiles, así como las hojas de este periódico con las que estaban semienvueltas.
Ahora nos sale la “Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas”, de la Procuraduría General de la República, que el expediente de Averiguación Previa 13/FEADP/07 se va a la basura porque NO HAY MATERIA!!!..
Y lo mismo pasa en el fuero común, donde ya “desaparecieron” tanto los cinco plomos como el expediente 981/2007/AII/I que fue iniciado por dicho suceso.
Así es la impunidad en México.
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ORGANIZACIONES POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SE PRONUNCIAN POR EL ESCLARECIMIENTO DE RECIENTES AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS
· En lo que va del año suman tres asesinatos, un exilio forzado, así como diversos atentados y amenazas contra periodistas.
· Los casos han tenido nula difusión a nivel nacional.
· El Estado mexicano incumple su compromiso de salvaguardar la libertad de expresión generando un estado de impunidad.
El aumento reciente en las agresiones contra periodistas es reprobable, pues en tan sólo lo que va del año suman tres los asesinatos y el exilio de un comunicador tras recibir amenazas.
El primer caso es el de Francisco Ortiz Monroy, corresponsal de El Diario de México, asesinado el 5 de febrero en Ciudad Camargo, Tamaulipas, sin que hasta el momento se hayan determinado las circunstancias exactas del crimen. Al respecto, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) señaló que Tamaulipas es un “punto de paso preferido por el narcotráfico” uno de los estados más peligrosos del país y donde muchos periodistas han perdido la vida.
Tan sólo dos días después, el 7 de febrero, los periodistas Bonifacio Cruz Santiago, director del semanario El Real y su hijo Alfonso Cruz Cruz, redactor en jefe del mismo periódico, fueron asesinados en Chimalhuacán, Estado de México. Los hechos ocurrieron en la entrada de las oficinas del síndico procurador local, Raymundo Olivares Días, mientras los periodistas aguardaban para entrar a una cita a fin de entrevistar al funcionario. De acuerdo con testigos y con las primeras informaciones aparecidas en la prensa local, el crimen ocurrió por una confusión cuando los atacantes pretendían asesinar a Olivares. A pesar de que la PGR atrajo el caso, aún no se han concluido los interrogatorios y no hay indicios del móvil del crimen.
Resalta también el exilio forzado del periodista Carlos Huerta Muñoz, del diario Norte de Ciudad Juárez, de Chihuahua, quien tuvo que salir del país tras recibir amenazas de muerte el 30 de enero de 2008 de acuerdo con el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET). Después de que el día anterior directivos del periódico dispusieran limitar al máximo la publicación de investigaciones sobre el narcotráfico para evitar poner en riesgo al resto de su personal.
Otra agresión es la del director del matutino Voces de Veracruz, Octavio Soto Torres, quien sufrió una agresión con armas de fuego el 23 de enero en Pánuco, Veracruz, del cual resultó levemente herido, según informó RSF. La Comisión Estatal para la Defensa de Periodistas se comprometió a gestionar ante el gobierno estatal el otorgamiento de medidas de seguridad según Informaciones recogidas por ARTICLE 19 y Cencos, durante una visita a región, compromiso que no ha sido cumplido.
En ese sentido, en su reciente visita a México, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Louise Arbour, cuestionó las limitaciones a la libertad de expresión que persisten en México, entre ellos la concentración de los medios de comunicación y los asesinatos y abusos no resueltos en contra de periodistas. Por tanto, la funcionario de la ONU exhortó a que el Gobierno de México resuelva los casos de asesinatos de mujeres y periodistas y emplee en ello la misma energía que utiliza en la erradicación del tráfico de drogas.
Los abajo firmantes recuerdan que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de los Estados es de prevenir, investigar y castigar las violaciones de derechos humanos que incluyen “no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares”.**
Al igual, dentro de las obligaciones del Estado, como está estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por México el 24 de marzo de 1981, los Estados en sus diferentes niveles de gobierno tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos. El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
Por ello, exigimos que el Estado mexicano, en sus diferentes niveles, detenga, prevenga, investigue y castigue a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes y atentados contra periodistas, que realice investigaciones efectivas y ofrezca garantías de seguridad física y jurídicas para el trabajo que las y los periodistas realizan día con día.
Manifestamos nuestro extrañamiento por la nula difusión (atención) de los casos anteriormente citados a nivel nacional, pues no sólo atentan contra la labor periodística sino principalmente contra el derecho de la sociedad la información.
Respecto a lo anterior, recordamos también los compromisos que el Estado Mexicano asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2007, respecto a estudiar las medidas para atraer al ámbito federal los delitos en contra de periodistas así como fortalecer a la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) a fin de realizar todo aquello que sea necesario para esclarecer los asesinatos, las desapariciones y las agresiones en contra de periodistas, además de presentar a la CIDH avances sobre las investigaciones de delitos en contra de periodistas.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
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