EL ESTADO MEXICANO ESPERARÁ A QUE MATEN A TODOS LOS PERIODISTAS, PARA TIPIFICAR COMO “DELITO GRAVE” LAS AGRESIONES

Hace pocos días en Saltillo, Coahuila, México, las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, UDC, PVEM y PT del Congreso local finalmente estuvieron de acuerdo en impulsar una iniciativa de Decreto para reformar el Código Penal y de Procedimientos Penales de esa entidad federativa, con el fin de establecer el perioricidio (homicidio contra periodistas) como delito grave. 

Acaso un mejoral contra el cáncer.

Y es que se observa la referida iniciativa, más como acción propagandística que como acto de verdadera justicia a los periodistas de la entidad, y por extensión a todos los comunicadores mexicanos; si bien es cierto que dicha modificación a los códigos penales por primera vez, en este país de América del Norte y Central, estipulará en la clasificación de "grave" el homicidio de profesionales de los medios de comunicación.

Como parte de la iniciativa que el recien pasado 23 de abril presentó el diputado del PAN, José Ignacio Máynez Varela, el tema se discutió en la sesión de pleno del Congreso del Estado.

El panista expuso que de manera por demás lamentable, México, después de Iraq es el segundo país más peligroso para la actividad del periodista, según la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF) , con sede en París. De ahí que señaló: “En Coahuila se comienza a vivir una vulneración grave de los derechos de las personas ante la desaparición de algunos periodistas, lo que obliga a legislar de manera especial para reconocer una protección prevalente en estos casos”.

El asesinato, apuntó, el secuestro, presiones, intimidación, prisión injusta a los periodistas, la destrucción de material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo e impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa.

Asimismo, demandó que estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad, y para ello se propone una serie de medidas legislativas para asegurar la libre prensa.

La propuesta implica tres puntos principales, en primer lugar busca establecer por primera vez en el país el delito de perioricidio, consistente en sancionar hasta con 30 años e incluso hasta más de 60 cuando concursen otros delitos, a aquel que mate a un periodista con motivo del ejercicio de su actitud periodística.

En segundo lugar quiere establecer el perioricidio como delito grave para evitar que los probables responsables tengan derecho a la libertad bajo caución u otros beneficios. Y por último establecer el derecho de los dependientes (esposa e hijos) del periodista muerto a recibir del Estado una pensión vitalicia a favor de la cónyuge y provisional para sus descendientes hasta que cumplan su mayoría de edad, o bien, hasta que termine sus estudios profesionales. 

¿PERO ES REALMENTE UN AVANCE? ¿O UNA POLÍTICA DE EXTERMINIO? 

Depende por donde y como se le vea. Porque mientras para los políticos esto representa un avance, podría finalmente no significar nada al interior del gremio cuando se observa que para que el Estado mexicano se decida a tipificar como delito grave y del ámbito federal toda agresión a periodistas, aun falta mucho. 

Lo que sí se ve, y con toda claridad, es la tibieza gubernamental que desde la administración de Vicente Fox Quesada le dio atole con el dedo al periodismo mexicano al instaurar una pretendida “fiscalía para periodistas” completamente infuncional.  

También en la Cámara de diputados federales el erario patrocina una “comisión de seguimiento a las agresiones” contra periodistas, de la cual no hay mayores resultados, si no es que los hay nulos. Por lo tanto, en este mar de inmundicia hacia los trabajadores de los medios que son agredidos, irónicamente, se encomienda conforme al formato legal, la indagación y aplicación de sanciones a los propios agresores. Veracruz, en el sureste mexicano, es un ejemplo de la arbitrariedad.

Aquí el delincuente funge, además, como “procurador general de justicia”. 

Lo correcto sería, como todos los periodistas lo demandan, que se federalizaran todas las agresiones a trabajadores de la prensa. 

Así sí. 

Pero esperar a que traigan el cadáver para declarar que es “delito grave” dicha agresión, como plantean los curulecos de Coahuila, suena más a burla que a elemental justicia al agraviado (que ya nunca jamás lo será) y a sus deudos. 

Hace falta valor. 

Pero no como en Tamaulipas, estado de la federación vecino al norte de Veracruz, donde hasta fueron ofrecidas armas de grueso calibre a los comunicadores, para que se defendieran a balazos si sentían que alguien los iba a agredir. 

 

Se sospecha que sí, en efecto, el Estado Mexicano va a esperar a que pase el fiambre de todos y cada uno de los trabajadores de los medios de comunicación para actuar responsablemente. 

 

Y vistas así las cosas, se antoja entonces que la ausencia de preocupación por el tema forma parte de una política pública de exterminio, y no otra cosa.   

Imagen de   http://gatopardo.blogia.com/2006/060301-carta-abierta-al-gobierno-de-espana.php