Aunque parezca mentira, pero es absolutamente cierto, que para millones de mexicanos el agua representa una doble calamidad: la primera, porque al carecer de ella en sus hogares, la gente tiene que peregrinar, subir y bajar, y gastarse buena parte de su raquítico ingreso, para obtener unos cuantos tambos de agua, en el mejor de los casos, cuando no unas cuantas cubetas.
Conseguir agua, ya no digamos para el aseo personal y de la vivienda, sino tan sólo para el consumo humano, bien podría agregarse como el número “13” a los trabajos de Hércules. Puesto que el aprovechamiento del agua de ríos, manantiales, lagos y demás reservorios de agua, se encuentra reglamentado, los particulares y los ciudadanos en general, no pueden disponer de ella, aunque aquella se encuentre más o menos a la mano.
Es menester no sólo la autorización, sino además la elaboración de proyectos y presupuestos, así como la ejecución de las obras respectivas de acuerdo con los estándares mínimos de calidad urbanística, todo lo cual no puede culminar en la instalación de tomas domiciliarias de agua, sin la intervención de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Por tanto, si la mitad de todos los hogares mexicanos no cuenta con agua entubada, el gobierno en su conjunto, pero de manera muy señalada el gobierno de la república, que es el que dispone de más recursos, están reprobados; no están cumpliendo con una de sus primerísimas obligaciones, en perjuicio de 60 millones de mexicanos.
Pero ahí no termina la responsabilidad del gobierno.
Ésta todavía se agrava mucho más en la medida en que deja que se pierdan en el alcantarillado, y finalmente en el mar, enormes volúmenes de agua de lluvia, que por sí solos satisfarían sobradamente ( “y hasta copeteadas”, como diría el hijo predilecto de San Cristobal) las necesidades humanas, las de la industria y los servicios públicos.
No existe en toda la zona metropolitana de la Cd. de México, ni en las más grandes concentraciones urbanas del país, un verdadero y basto sistema de drenaje pluvial, que haga posible la recuperación del agua de lluvia y, al mismo tiempo, disminuya los caudales que drenan a través de los sistemas de alcantarillado, canales y causes de arroyos, cuya presión aumenta en la temporada lluviosa, al grado de que termina por buscar alivio inundando calles y hogares.
La segunda calamidad de los mexicanos más desprotegidos, provocada por el agua, la representan las torrenciales inundaciones que sufren, año con año, a causa de las abundantes lluvias que se registran en la Zona del Valle de México.
Cientos de miles de hogares (y no es ninguna exageración), en lugar de disfrutar, sufren, los estragos de las benéficas lluvias. Sus viviendas se encuentran construidas en arroyos secos y barrancas, que tarde o temprano reclaman su cauce; o bien, han sido construidas en “cucharas” gigantes, que durante siglos han sido vasos reguladores naturales y que, también, más temprano o más tarde, cumplirán la función que la naturaleza les asignó, y se verán colmados y desbordados, arrastrando humildes hogares en sus corriente.
Algo similar les sucede a miles de familias que a lo largo de muchos años construyeron sus viviendas junto al “Río de la Compañía” (ojala fuera un río de agua dulce y limpia, no; es una canal de deshecho, de líquido pestilente y sucio, que va captando las aguas negras de los municipios orientales de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes, Neza y Chimalhuacán), pero lo hicieron muy por debajo del nivel del canal, por lo que se encuentran en inminente riesgo de inundarse, como ya ha sucedido, una vez que el Canal de la Compañía se desborda, al recibir grandes caudales en temporada de lluvias.
¿Son acaso fatales e inevitables los estragos causados por el exceso o por el déficit de agua? Si no lo son, como yo lo creo, ¿qué es entonces lo que hace falta para resolver estos dos problemas estrechamente imbricados? Desde mi modesto punto de vista son necesarias, muy necesarias, pero además perfectamente viables, algunas medidas como las siguientes:
En primer lugar, el gobierno federal debe costear la construcción de grandes sistemas de drenaje pluvial alterno (es decir, además de, o en combinación con el drenaje sanitario ya existente), capaz de recuperar hasta la última gota de lluvia, que deberá ser almacenada en presas y depósitos construidos especialmente para tal efecto, o bien para inyectarla nuevamente al subsuelo y recuperar el nivel de los mantos friáticos.
En segundo lugar, los gobiernos de los tres niveles deben destinar grandes cantidades de dinero para la construcción de drenajes sanitarios modernos en un gran número de comunidades donde no existe y proporcionar a éstos, y a los que ya existen, el mantenimiento apropiado.
En tercer lugar, es necesario que todos los municipios y ciudades que se encuentran marcados con rojo en el mentado “Atlas de Riesgo”, reciban abundantes recursos económicos, que les permitan equiparse con todo lo necesario para hacer frente, en lo inmediato, al fenómeno: construcción de cárcamos, tuberías de gran diámetro para descarga del drenaje doméstico; maquinaria pesada, así como malacates, “vactors”, bombas de achique, vehículos todo terreno, con fontaneros y rescatistas, que cuenten con el equipo y las herramientas necesarias para destaponar el alcantarillado y para salvar vidas, por mencionar algunas.
Dicho más brevemente: es necesario e inaplazable que, desde la presidencia de la república, se promueva un basto programa de construcción de modernos y eficientes sistemas hidráulicos alternos (sobre todo en la Zona del Valle de México) que, al mismo tiempo que reduzcan al máximo el riesgo de inundaciones, tengan la capacidad de recuperar y almacenar la mayor cantidad del agua que hoy se pierde irremediablemente, debido a lo cual hay que traerla desde lugares cada vez más distantes con un costo muy elevado. Cuestión de echarle números, ¿no cree Usted, amigo lector?
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Una habitante de Villahermosa, en el estado mexicano de Tabasco, desaloja su hogar tras el desbordamiento del río Carrizal. (foto de la agencia EFE)
