PREOCUPACIÓN MUNDIAL POR CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO

Mientras en todo el mundo son censurados los crímenes contra periodistas, en México y en Veracruz los asesinos andan sueltos y del brazo de la infamante impunidad.

Soldados observan los cuerpos de rebeldes muertos.

5 de febrero de 2008

(RMC).- En el marco de la Visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas tuvo lugar una reunión de trabajo con organizaciones civiles de derechos humanos tanto nacionales como estatales. Una de las preocupaciones tratadas en dicha reunión fue la agenda pendiente sobre libertad de expresión en México.

Ante ello, organizaciones especializadas en la materia, como: Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, Article 19-México, Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS, Fundación Manuel Buendía, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Libertad de Información-México A.C. (LIMAC), Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación presentamos preocupaciones y peticiones específicas en la materia entre las que destacan los siguientes puntos:

La cantidad de agresiones contra periodistas y medios de comunicación ha alcanzado un número alarmante en México. En 2006, 9 periodistas fueron asesinados. Todos los casos de agresiones y asesinatos de periodistas se encuentran en un estado completo de impunidad. Esto significa que en ninguno de los 34 casos de homicidios ocurridos entre 2000 y 2007 se ha emitido alguna resolución judicial, se ha castigado a los culpables, menos aún se ha reparado el daño a las víctimas.

Planteamos que existe una significativa falta de voluntad política tanto federal como local para resolver estos casos. El gobierno federal ha enfatizado su preocupación mediante declaraciones superficiales que señalan que sí se garantiza el derecho a la libertad de expresión en México. Esta afirmación se contradice con la realidad.

Se enfatizó la ineficacia de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas. De manera clara, las organizaciones solicitamos a la Alta Comisionada “no se deje engañar por el hecho de que existe esta Fiscalía que no cuenta ni con los recursos suficientes ni con el mandato adecuado.”

Asimismo, la falta de voluntad política se demuestra también por dos hechos. El primero es que en el pasado mes de julio algunas organizaciones tuvimos una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en México. Allí, el gobierno asumió diversos compromisos para mejorar la situación. Es triste ver que a 8 meses de esa audiencia ninguno de ellos se ha cumplido. El segundo, la falta de participación del Secretario de Gobernación en el tema de agresiones a periodistas a pesar de ser él quien tiene la obligación de coordinar la política nacional en derechos humanos. Esta ausencia demuestra la falta del interés en el asunto, a pesar de su gravedad.

Otro tema importante que se resaltó es el tema de la legislación en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones. El año pasado la SCJN estableció estándares sin precedentes en la materia, que podrían revertir las normas que permiten la elevada concentración de medios en el país, teniendo en cuenta que 80 por ciento del espectro es utilizado con fines comerciales y de lucro, y que el más de 85 por ciento de la televisión se encuentra en dos manos de familias, además de que no existen garantías jurídicas para la existencia de medios comunitarios. Ahora la responsabilidad de reformar la legislación se encuentra en manos del Congreso. Las organizaciones “le pedimos [a la Alta Comisionada] siga de cerca este asunto que resulta toral para la libertad de expresión en México.”

Debido a la seriedad de la situación, las organizaciones solicitamos a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos una participación más activa en temas de libertad de expresión, como los aquí resaltados. Monitorear y verificar el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en la materia resulta hoy de vital importancia.